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La Argentina que viene

Nadie creía posible, allá por el año 2015, que se darían tan repentinamente ciertos cambios necesarios para que Argentina normalice algunos aspectos básicos de su economía. La realidad es que hasta aquí han sido tiempos difíciles. El Gobierno de Mauricio Macri asumió su mandato con un sinfín de inconvenientes en los planos económico y financiero que requerían de inmediatez en su resolución: el default de la deuda pública, el cepo cambiario, la falta de estadísticas oficiales reales, la apertura al mundo y, sobre todas las cosas, la dificultosa y urgente misión de evitar en el corto plazo un estallido inflacionario de escalada incierta, en virtud del desmanejo de la cantidad de dinero que hasta ese 10 de diciembre de 2015 había hecho el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Luego de los primeros meses de gobierno, cuando las energías estuvieron puestas casi con exclusividad en los temas antes mencionados, transcurrimos por un período que todos recordamos: un 2016 signado por los problemas de actividad y crecimiento, inflación, dificultades en los niveles de empleo y desconfianza generalizada de muchos sectores que veían un fracaso en las políticas económicas macristas, que se alejaban día a día de las promesas de campaña. Ese segundo semestre lleno de virtudes nunca llegaría, tanto para alegría de algunos opositores como para la preocupación y el desánimo de buena parte de los argentinos.

Una vez hechas las reformas urgentes, elementales y básicas que requería la Argentina (ninguna economía de ningún país puede funcionar con control de cambios, control de precios, carente de crédito y con hostilidad hacia el resto el mundo), el país debe seguir hacia adelante. Para que esto ocurra, lo realizado hasta aquí claramente no alcanza.

Hasta mitad del siglo XX, Argentina tuvo un promedio histórico de inflación anual del 3 por ciento. De mitad del siglo XX hacia aquí, el promedio de inflación ha sido del 150% anual. A mitad del siglo XX Argentina ostentaba el quinto puesto mundial en PBI per cápita (riqueza por habitante). Hoy está debajo del puesto 55. Hace siete décadas, la riqueza de un argentino equivalía al 97% de la riqueza de un norteamericano. Hoy representa apenas el 15 por ciento. Argentina fue el granero del mundo: hoy cuesta subsistir en un mundo que nos ha superado en la productividad, el crecimiento y el desarrollo educativo. Hace 40 años, Argentina tenía un 5% de pobreza. La justicia social, el enamoramiento con el Estado presente y el asistencialismo nos han llevado a una pobreza estructural de prácticamente un 30 por ciento.

A pesar de haber contado con 500 mil planes sociales durante el Gobierno de Raúl Alfonsín y haber incrementado esa cifra hasta los 8 millones al día de hoy, no hemos podido batallar dignamente contra la pobreza, sino, muy por el contrario, le hemos permitido avanzar sin tregua. Pero la causa de esto no sólo se limita a restricciones de tipo cambiarias o a problemas con la deuda pública, sino a algo más profundo que tal vez involucre a varios gobiernos, e incluso a varias generaciones, poder cambiar este destino que nos persigue, destino de pobreza y subdesarrollo crónico. Este Gobierno debe, por todos los medios, aportar su cuota de racionalidad en pos de ello. De eso se tratará, en el mejor de los casos, el octubre que viene.

Cuatro temas son los que tiene o debería tener en agenda el Gobierno nacional para encarar a partir de las elecciones legislativas de octubre, cuando se descarta un triunfo del oficialismo a nivel país. En primer lugar, la reforma tributaria. En los últimos 12 años la presión tributaria pasó de 23% del PBI a casi el 40. Gráficamente, de los 12 meses del año que uno trabaja, 7 lo hace en virtud de pagar impuestos. Y nadie queda exento. Ni siquiera el motor de nuestra economía: el Estado tiene una participación sobre la renta agraria del 66 por ciento. O sea, se queda con dos tercios de la producción agropecuaria. También la presión tributaria puede explicarse sencillamente de esta forma: mientras que Estados Unidos tiene 4 impuestos, nosotros tenemos 96, que los acompañamos con 63 mil regulaciones, decretos reglamentarios o normas que hacen del sistema tributario argentino uno de los más engorrosos del mundo.

El problema tributario no es sólo una cuestión de encarecimiento de la vida personal de cada uno, es un serio impedimento para que quienes quieran invertir lo hagan en Argentina. Quienes inviertan sus capitales lo harán siempre buscando países donde la presión tributaria sea menor y, por ende, mayor su rentabilidad.

En segundo lugar, se encuentra la reforma previsional. Tema tabú en una sociedad que ha pasado durante décadas por magras jubilaciones, sistemas privados de retiro y el actual sistema de reparto, amplio y a la vez escaso. Si bien la cobertura es de las más altas del mundo (cerca del 97% de los ciudadanos en edad de jubilarse cuenta con su jubilación), la realidad indica que el sistema es deficitario y, para evitar un colapso en los próximos años, requiere una urgente atención.

En tercer lugar se encuentra la reforma laboral, temida por muchos y mirada con recelo por los sindicatos. Sindicatos estos que poco han hecho a través del tiempo por el trabajador al que representan, por mejorar su productividad y por hacerlo competitivo en materia de conocimientos, aunque a pesar de ello lo obligan a relegar mensualmente parte de su salario en concepto de aportes sindicales con destinos por demás inciertos. Por cada 100 pesos de salario que se le paga en Argentina a un trabajador, 85 pesos van al bolsillo del asalariado, mientras que el costo para el empleador es en promedio de 145 pesos. Esta diferencia de 60 pesos es lo que se lleva el Estado en calidad de impuestos al trabajo. Como se ve, los incentivos en virtud de generar empleo son, como mínimo, insuficientes.

A esto se le debe adicionar como problema la industria del juicio laboral, negada por muchos, pero que es ya parte de nuestra realidad. Mientras que la ley de contrato de trabajo nació para proteger al trabajador de las grandes corporaciones, la realidad es que estas solamente generan el 10% del empleo en Argentina, mientras que el 90% del empleo restante lo generan las pymes. Las primeras pueden pagar estos costos, las segundas, no. Y esto tiene dos efectos negativos: por un lado, que el empresario pyme no esté interesado en generar empleo por el costo del conflicto laboral que ello le podría ocasionar. Por el otro, el fantasma de la improductividad. Un empleado, luego de muchos años, es consciente de que nadie podrá despedirlo, ya que eso incurriría en un alto costo (entre indemnizaciones, multas y demás cuestiones que atañen a las leyes laborales) para la ya golpeada pyme; situación que elimina la posibilidad de que exista el estímulo para que el trabajador quiera seguir educándose, capacitándose y creciendo día a día para colaborar con la productividad y el desarrollo del país.

Como cuarto y último punto (y tal vez uno de los más relevantes) figura la reducción del gasto público. Los más de cuatro puntos del PBI de déficit fiscal, sólo del Estado nacional, son un certificado de defunción para la economía argentina en el mediano plazo. Las últimas crisis argentinas, desde el Rodrigazo hasta la crisis del 2001, han sido causadas por problemas de déficit fiscal: gastar más de lo que se tiene, en cualquier ámbito, es, en el mejor de los casos, autodestructivo. La reducción del gasto público deberá ir en línea con acotar los subsidios al sector privado, como los otorgados a la energía; el recorte de empleo público, cerca de 3.600.000 empleados tiene el Estado, de los cuales 750 mil son empleados del ámbito nacional; y la correcta administración de la inversión en obra pública. Para que esto no implique un costo social es que se necesitan todas las reformas estructurales y profundas que logren que el sector privado compense esta reducción de empleo público con empleo genuino.

En estos cuatro puntos recaerán buena parte de las acciones del Gobierno a partir de las elecciones de octubre. Todas estas reformas que deberán ir acompañadas indefectiblemente con más y mejor calidad educativa, y marcadas mejoras en nuestra infraestructura comercial. El equipo económico es consciente de que la única forma de terminar con la decadencia crónica argentina es comerciando con el mundo, para lo que se requiere ser competitivos; para ello, la mejora en la productividad, las reformas impositivas y las reformas laborales son trascendentales. Deben lograr que los argentinos dejemos de pedir que el Estado nos proteja y comencemos a exigirle que nos dé las herramientas para competir y estar en igualdad de condiciones con el mundo.

Las reformas deben realizarse lo más pronto posible, mal que les pese a las corrientes populistas. El populismo sólo nos ha vestido de retraso, pobreza y subdesarrollo. Esperemos esta vez que octubre sólo sea un nuevo punto de partida, en el que esa Argentina que muchas veces hemos imaginado, pero que nunca hemos logrado siquiera acariciar, se convierta en realidad.

El autor es analista económico, columnista y docente universitario.

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