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Los delitos contra la seguridad y el orden públicos en el anteproyecto de reforma del Código Penal

La Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal examinó, entre otros temas, modificaciones a los Títulos VII y VIII de la Parte Especial del Código Penal, en el estudio de los delitos contra la seguridad y el orden públicos.

Entre las disposiciones más importantes, el borrador establece en su artículo 186 que "será reprimido con prisión de tres a diez años, el que provocare incendio, inundación, explosión, derrumbe, liberación de tóxicos, emisión de radiaciones o cualquier otro proceso destructor capaz de producir estrago, si hubiere peligro común para los bienes".

Además, "si hubiere peligro para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque de artillería, el máximo de la pena será de quince años de prisión". Si hubiere peligro para la vida, la pena será de cinco a quince años de prisión, y si del hecho resultare la muerte o lesiones gravísimas de una o más personas, la pena será de cinco a veinticinco años. Por último, el artículo 186 eleva "en la mitad del mínimo y en un tercio del máximo" los hechos se cometieran con bombas, materiales radiactivos o sustancias nucleares, explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos.

En su artículo 189, el anteproyecto establece que "será reprimido con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial, en su caso, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos". Si el hecho pusiere en peligro la vida de alguna persona, el máximo de la pena de prisión se elevará a ocho años, y si causare la muerte de una o más personas, la pena de prisión será de tres a diez años.

El artículo siguiente, el 189 bis, dispone que quien con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común, "adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere en su poder" bombas, materiales radiactivos o sustancias nucleares, explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con prisión de cinco a quince años. La misma pena se impondrá al quien sabiendo que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad común, "diere instrucciones para la preparación" de esos materiales.

En efecto, la simple tenencia de ese tipo de materiales, sin la debida autorización legal, o que no pudiere justificarse por razones de su uso doméstico o industrial, será reprimida con prisión de tres a seis años.

En otro inciso de ese mismo artículo se castiga a "quien tuviere un arma de fuego sin la debida autorización legal", dependiendo de si se tratare de un arma de fuego de uso civil (seis meses a dos años y multa de 20 a 200 días-multa) o si se tratare de un arma de fuego de guerra (dos a seis años).

Quien portare un arma de fuego sin la debida autorización legal será reprimido con prisión de uno a cuatro años si se tratare de un arma de fuego de uso civil y tres años y seis meses a ocho años y seis meses si se tratare de armas de fuego de guerra. Si registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas, o se encontrare gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior, la prisión será de cuatro a diez años.

Quien acopiare armas de fuego, piezas o municiones, o tuviere instrumental para producirlas sin la debida autorización será reprimido según el anteproyecto con prisión de cuatro a diez años. Para quien fabricare armas de fuego sin autorización legal, la pena será de cinco a diez años. También se castiga la entrega de un arma de fuego a quien no acreditare su condición de legítimo usuario (uno a seis años), agravada en el caso de que el arma fuera entregada a un menor de 18 años (de tres años y seis meses a diez años). Quien proveyere armas de fuego sin autorización legal en forma habitual, será reprimido con pena de cuatro a quince años de prisión. Las penas se complentan con multas e inhabilitación si el autor del delito contare con autorización para la venta de armas de fuego.

También será reprimido con prisión de tres a ocho años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena el que, contando con la debida autorización legal para fabricar armas, omitiere su número o grabado conforme a la normativa vigente, o asignare a 2 o más armas idénticos números o grabados. En la misma pena incurrirá el que adulterare o suprimiere el número o el grabado de un arma de fuego.

En los delitos contra el orden público, como aspecto novedoso, se prevé una figura preterintencional del tumulto, cuando resultan lesiones gravísimas o la muerte, con la misma pena del tumulto agravado por el uso de explosivos.

Entre las figuras delictivas que prevé el nuevo anteproyecto son la instigación a cometer delitos (artículo 209), que se castiga con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias. En la misma pena incurrirá quien "en tiempo de conflicto armado incite públicamente a la sustracción al servicio militar legalmente impuesto o asumido. Si el autor fuese un militar, el máximo de la pena se elevará a diez años".

El artículo 210 reprime con prisión o reclusión de tres a diez años a quien "tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación". Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión.

Cuando la acción ponga en peligro la vigencia de la Constitución, la pena será de cinco a veinte años. Para ello, se deben acreditar al menos dos de estas características: a) Estar integrada por diez o más individuos; b) Poseer una organización militar o de tipo militar; c) Tener estructura celular; d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo; e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país; f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad; g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior; h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos.

El mismo artículo reprime con prisión de tres a ocho años a quien organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que "tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación".

Respecto de la intimidación pública, el artículo 211 castiga con prisión de seis meses dos a seis años a quien "para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la inminente producción de un desastre de comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos". Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, "la pena será de prisión de tres a diez años. La misma pena se impondrá si como consecuencia del tumulto resultaren lesiones gravísimas o la muerte de alguna persona".

El artículo 212, establece prisión de tres a seis años a quien públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación.

Por último, el artículo 213 reprime la apología del crimen con prisión de un mes a un año.