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Por una reforma del Consejo de la Magistratura

Le hemos presentado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación un proyecto de reforma del instituto que regula el artículo 114 de la Constitución Nacional.

Es un trabajo de concepción amplia, sin ideologismos ni mezquindades políticas. Sólo tiene por finalidad aunar los diferentes reclamos de los distintos sectores sociales que lo componen y restablecer iniquidades que se plantearon a partir de la ley 26080 que pulverizará el equilibrio estamentario que exige el citado artículo 114 de la Constitución.

Hemos buscado que no existan preeminencias de ningún estamento sobre otros, como pasa en la actualidad, donde hay un claro e inocultable predominio de la política partidaria sobre la técnica, cuestión que destroza la verdadera intención de los constituyentes cuando crearon el organismo.

La propuesta es un consejo conformado por 17 miembros, a saber:

Un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no puede ser su presidente, teniendo en miras evitar la concentración de poder en una sola persona. Su duración sería de año sin reelección.

Seis representantes del Congreso, tres por cada Cámara. Se incorpora como novedad que no podrán ser los propios legisladores, sino representantes externos elegidos por estos. Los fundamentos de esta decisión aparecen de la lectura de las sesiones de la Convención Reformadora de 1994; la necesidad de ocupación tiempo complejo de los consejeros (hoy no ocurre puesto que diputados y senadores atienden principalmente su función legislativa, dando una importancia secundaria a su ubicación en el Consejo). Finalmente que, atento al artículo 1 de la Constitución, la Argentina tiene como forma de gobierno a la república, léase la división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no pudiendo una misma persona formar parte de dos o más de ellos. Hoy los legisladores que conforman el Consejo de la Magistratura violentan dicha manda pétrea, puesto que están en el Legislativo y el Judicial al mismo tiempo.

Cuatro jueces, dos de los cuales deberán pertenecer al fuero federal.

Cuatro abogados de la matrícula federal.

Un representante del Poder Ejecutivo Nacional.

Un académico que no podrá ser juez o legislador nacional, provincial, de la Ciudad o municipal en funciones.

Otras novedades son que para ser consejero se requieren las mismas calidades que para ser ministro de la CSJN (30 años de edad, título de abogado y ocho años de ejercicio profesional).

No podrán ser parte del consejo aquellos que hayan sido condenados por delitos dolosos dentro de los últimos 20 años; de los 10 cuando se trate de delitos culposos o penas administrativas (destitución, sanción disciplinaria de su colegio profesional, etcétera). Tampoco aquella persona que tenga auto de procesamiento firme en su contra. Finalmente, no podrán integrarlo nunca quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o corrupción. Se trata de un proyecto inteligente y que solamente busca sumar; por supuesto, perfectible.

Es tiempo de que se abandonen las críticas y nos pongamos a trabajar en soluciones, para el caso, sobre un instituto que viene fracasando de manera sistemática desde su puesta en marcha. Ha sido, como ocurre desde 2006, la intención del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Cambiar la realidad es posible, sólo de nosotros depende, pero de todos.

El autor es abogado (USAL), profesor universitario y periodista. Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la organización de abogados Gente de Derecho. Conduce dos programas de radio, en Radio Cooperativa y Argentina AM 570.

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